Castilla y León rechaza que el gobierno vacíe las políticas de empleo tras recortar financiación a las comunidades autonómicas
La Consejería de Empleo e Industria de Castilla y León ha manifestado su rechazo a la nueva medida en materia laboral aprobada por el Ejecutivo Central ya que conlleva una reducción sustancial de los fondos que reciben las comunidades autónomas para desarrollar sus políticas de empleo.
La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, hizo ayer efectiva la aplicación del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, durante la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales celebrada por videoconferencia. En esta reunión se aprobó la distribución entre las autonomías de los fondos previstos en el Plan Anual de Políticas de empleo (PAPE).
La comunidad autónoma de Castilla y León, con Germán Barrios, consejero de Empleo e Industria al frente, votaron en contra de esta distribución.
El Ministerio asignó a la comunidad un total de 63.5 millones de euros para políticas de empleo, que podrían elevarse a 71.2 millones a lo largo del presente año. Esta última cantidad representa algo menos del 50 % del presupuesto del PAPE que le correspondería a Castilla y León, según las estimaciones realizadas por la Consejería de Empleo e Industria, sin que el departamento que dirige Díaz haya concretado a cuánto ascendería el total de las transferencias que debería recibir la Junta este año.
Ante el impacto económico de la crisis originada por el COVID-19, la normativa estatal permite que una parte de los ingresos procedente de las cotizaciones de formación que pagan empresas y trabajadores pueda dedicarse a sufragar prestaciones, a costa de recortar esta financiación a las autonomías. Y ello pese a que los asalariados ya cotizan cada mes para la protección frente al desempleo, por lo que con esta medida se está duplicando su aportación para el mismo fin.
