El nuevo Plan de Choque de Dependencia del Gobierno beneficiará a más de 13.600 burgaleses, según Mar Arnaiz
La senadora asegura que servirá para revertir los “feroces y continuos recortes” de los gobiernos del PP “en solo un año”
El nuevo Plan de Choque de Dependencia que aprobaron el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y las comunidades autónomas el pasado 15 de enero beneficiará a más de 13.600 burgaleses, según estima la senadora socialista por Burgos Mar Arnaiz
El acuerdo se sustancia en el aumento de la financiación del Sistema de Dependencia, con 600 millones de euros más durante 2021 y unas cuantías similares durante los dos próximos años en el conjunto nacional.
Los diputados y senadores socialistas por la provincia destacan la mejora que supondrá en el Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia, (SAAD), que, en el caso de la capital burgalesa, atiende a 6.418 personas, mientras que Miranda de Ebro registra 1.327 beneficiarios y 1.085 Aranda de Duero.
Esta mejora de las prestaciones que los socialistas estiman que se producirá llegará también a cerca de 4.772 personas en situación de dependencia que residen en municipios de menos de 20.000 habitantes. Un aspecto “importante”, según la senadora socialista Mar Arnaiz, porque “este refuerzo en la atención a sus necesidades contribuye a fijar población en el medio rural”.
Una inyección económica que debe complementar la Junta
Asimismo, la parlamentaria reclama a la Junta de Castilla y León que acompañe el esfuerzo inversor del Gobierno en esta materia con un aumento de los recursos en sus presupuestos para “generar empleo a través de la importante inyección económica que supone este Plan de Choque”.
Asegura que en Castilla y León, con 105.589 beneficiarios y en la provincia de Burgos “hay mucho margen de mejora para alcanzar la media española en algunas prestaciones como la de teleasistencia, que en la Comunidad suponen el 10,43% de las concedidas, mientras que en Burgos son el 8,01% (1.489), frente al 17,84% de la media del país. Lo mismo ocurre en Ayuda a Domicilio, en donde la media de Castilla y León es del 16,64% de las prestaciones concedidas, frente al 17,75% de media nacional. Un porcentaje que en Burgos se reduce al 16,14%, con 3.000 prestaciones concedidas.
En cuanto a las prestaciones de Atención Residencial, que en el conjunto nacional suponen un 10,96% de las concedidas, la media desciende al 5,79% en Castilla y León, mientras que en la provincia burgalesa es del 7,63%, con 1.418 concedidas.
Lejos de la media nacional se sitúan también las prestaciones concedidas por cuidados familiares, con un 19,11% en Burgos, (3.551), un 20,34% de media regional y 31,57% nacional.
Arnaiz recuerda que la Ley de Dependencia establece que corresponde a las comunidades autónomas gestionar los servicios y recursos necesarios para la valoración y atención a la dependencia. La parlamentaria reafirma que el nuevo Plan de Choque del Gobierno “reducirá la lista de espera y los tiempos de tramitación de solicitudes” y añade que supondrá también la “mejora de los servicios y prestaciones que garanticen una atención adecuada a las personas dependientes” y se revisará el copago de los beneficiarios.
Sostiene que “en un solo año se revertirán los recortes feroces y continuos que los gobiernos populares aplicaron a la Ley de Dependencia desde el año 2012 y que pusieron en peligro la sostenibilidad del sistema”.
El “hachazo” del PP
Frente a ese “hachazo” del PP a los derechos de las personas en situación de dependencia, defiende que “el Gobierno de Pedro Sánchez ya en 2019 recuperó la cotización a la Seguridad Social para las personas cuidadoras en el entorno familiar. Una medida que “protege” en la actualidad a 443 burgaleses, de los que 393 son mujeres y 50 hombres.
“Entre 2021 y 2018, los gobiernos del PP paralizaron la implantación de la Ley de Dependencia, recortaron prestaciones y aumentaron el copago para los usuarios, perjudicando las vidas de miles de familias de nuestra provincia”, asegura.
A partir de ahora, con la nueva financiación acordada, el Gobierno “incrementará el nivel mínimo y se recuperará el nivel acordado, con 283 millones de euros, que eliminó Mariano Rajoy y también se revisarán mejoras que refuercen la calidad de los servicios, como las condiciones laborales y salariales de las personas que trabajen en ellos y el cumplimiento de los estándares de calidad”, añade. La parlamentaria socialista valora que, además, este año “se regulará la figura del asistente personal y que en 2022 el servicio de Teleasistencia pasará a considerarse un derecho subjetivo”.
