Manso denuncia “chantaje” del Gobierno al condicionar las ayudas al transporte público a la puesta en marcha de sanciones en la ZBE

El vicealcalde de Burgos, Juan Manuel Manso, ha cargado duramente contra el Gobierno de España tras conocerse que las ayudas al transporte público estarán condicionadas a la activación del régimen sancionador de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Manso considera esta exigencia como un “chantaje” que perjudica directamente a la ciudadanía y pone en riesgo el esfuerzo realizado en los últimos años para fomentar el uso del transporte colectivo en la capital burgalesa.

“¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?”, ha cuestionado el edil, quien ha recordado que el servicio de autobuses ha alcanzado cifras récord en el último ejercicio. Según ha señalado, el Ayuntamiento lleva años impulsando medidas para promover la movilidad sostenible, por lo que vincular las ayudas al inicio de un régimen punitivo, que no entrará en vigor hasta enero de 2027, resulta “injustificable”.

La consecuencia directa de esta decisión, ha explicado Manso, será la pérdida de 1,5 millones de euros en subvenciones hasta la fecha de aplicación del régimen sancionador, lo que implica una caída de 500.000 euros cada semestre. Frente a esta situación, el vicealcalde ha advertido que el Gobierno municipal trasladará a la oposición —formada por PSOE y Vox— la decisión de si asumir esa pérdida con fondos municipales o repercutirla en los usuarios mediante una subida en el precio del billete.

“El Gobierno de Sánchez ha decidido castigar a las ciudades que no aceleran el calendario sancionador, y ahora toca decidir si ese castigo lo asumen los ciudadanos o lo absorbemos con los impuestos de todos”, ha explicado Manso. Al estar en minoría, el Ejecutivo local requiere el respaldo de al menos uno de los grupos de la oposición para adoptar una solución.

Además, ha recordado que el calendario previsto para la entrada en vigor del régimen sancionador no ha cambiado desde la pasada legislatura, por lo que en ningún caso Burgos habría recibido estas subvenciones bajo las condiciones actuales.

Ante la opción que otras ciudades, como Madrid o Valladolid, estarían barajando para adelantar la aplicación del régimen sancionador, Manso ha sido tajante: “No vamos a modificar la ordenanza ni endurecer un calendario ya acordado”. A su juicio, imponer el mismo criterio a todas las ciudades sin tener en cuenta sus realidades particulares “es una medida injusta y arbitraria”.

El Ayuntamiento buscará ahora un consenso con los grupos para minimizar el impacto de esta decisión sobre los burgaleses, sin comprometer la estabilidad financiera del servicio de transporte público.