Educación destina más de 1,6 millones para realizar mejoras en los colegios rurales de Castilla y León a través de las diputaciones provinciales

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El Consejo de Gobierno ha aprobado una subvención de 1.620.000 euros destinada a las diputaciones de las nueve provincias de Castilla y León para financiar obras de reparación, conservación y mejora en los centros de Educación Infantil y Primaria situados en zonas rurales. Estas ayudas tienen como objetivo incentivar y cofinanciar actuaciones durante los años 2025 y 2026.
Dadas las características geográficas de Castilla y León, la Comunidad cuenta con numerosos centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP) en el medio rural, con un reducido número de unidades escolares y ubicados en edificios de titularidad municipal. En este contexto, los ayuntamientos titulares no siempre pueden afrontar con agilidad las obras de reparación, mantenimiento o conservación que estos centros requieren.
Por ello, la Consejería de Educación colabora en la conservación y mejora de los centros rurales mediante una subvención directa de 1.620.000 euros. En concreto, la Diputación de León recibirá 300.000 euros; las instituciones provinciales de Burgos, Salamanca y Valladolid, 200.000 euros cada una; la Diputación de Zamora, 180.000 euros; las de Ávila y Soria, 150.000 euros cada una, y finalmente las instituciones provinciales de Palencia y Segovia, 120.000 euros cada una. Estas aportaciones se destinarán a financiar obras de mantenimiento en los edificios escolares del medio rural durante los años 2025 y 2026.
Las diputaciones provinciales deberán convocar subvenciones dirigidas a los ayuntamientos del medio rural de sus respectivas provincias, con el fin de incentivar la realización de obras de reparación, conservación y mejora en los centros educativos. En dichas convocatorias se establecerá la obligación de que los ayuntamientos beneficiarios aporten, como mínimo, el 20 % del coste de la obra ejecutada en su municipio, así como el pago de los tributos locales derivados de su ejecución. El 80 % restante será financiado por las diputaciones provinciales y la Consejería de Educación.