El Ayuntamiento de Burgos pide al gestor de la Escuela de Música retomar la actividad mientras evalúa las pérdidas
La portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos, Andrea Ballesteros, ha asegurado que la sentencia judicial que ha cesado la actividad de la Escuela Municipal de Música no implica necesariamente que el servicio deje de prestarse, ya que el empresario adjudicatario podría seguir desarrollándolo si así lo decide. No obstante, ha recalcado que el Consistorio no puede obligarle a continuar con la actividad.
Ballesteros realizó estas declaraciones tras la reunión mantenida en las últimas horas con el gestor de la Escuela Municipal de Música, en la que, según explicó, el Ayuntamiento trasladó al empresario la necesidad de presentar una reclamación patrimonial para poder evaluar los costes reales del servicio y estudiar así la posibilidad de salvar lo que resta de curso.
La portavoz indicó que, hasta que los Servicios Económicos y Jurídicos municipales no conozcan el importe exacto de las pérdidas, el Ayuntamiento no puede avanzar en una solución. En este sentido, insistió en que el equipo de Gobierno nunca se ha negado a compensar económicamente al adjudicatario por los perjuicios ocasionados, aunque a día de hoy se desconoce la cuantía concreta.
Además, recordó que la Junta de Gobierno ha aprobado ya tres reconocimientos extrajudiciales de crédito por valor de 16.000 euros para abonar facturas que estaban pendientes de pago relacionadas con el servicio.
Ballesteros avanzó también que el Ayuntamiento no prevé mantener más reuniones directas con el empresario. En su lugar, el Consistorio pretende reunirse con su abogado o con su asesor económico para conocer con detalle el importe de las pérdidas y poder analizar la situación desde el punto de vista técnico. Según explicó, el objetivo municipal es alcanzar un equilibrio contractual.
La edil subrayó que el Ayuntamiento lleva meses trabajando en este asunto y reiteró que la institución es la primera interesada en que la actividad continúe, tanto por los alumnos como por sus familias y el profesorado. En este sentido, aclaró que los docentes no son personal municipal, sino que dependen de la empresa adjudicataria del servicio.
Ballesteros aseguró que todas las áreas municipales están implicadas en la búsqueda de una solución y recordó que en diciembre se modificó el nuevo pliego del servicio, elevando el canon de 55.000 a 102.000 euros, aunque el concurso quedó desierto. También insistió en que se trata de un servicio externalizado.
Finalmente, la portavoz señaló que el Ayuntamiento ha pedido al empresario que retome la actividad mientras se tramita la reclamación patrimonial, comprometiéndose a abonar las cantidades que correspondan si la reclamación es correcta. “No se puede dejar a una ciudad sin esta actividad”, concluyó.
