El Ayuntamiento de Burgos recurrirá la negativa a la prórroga para la Zona de Bajas Emisiones
El Ayuntamiento de Burgos ha anunciado su intención de presentar un recurso por la Vía Administrativa ante la negativa del Ministerio de Transportes a conceder una prórroga de seis meses para poner en marcha el contrato de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Según ha informado la portavoz municipal, Andrea Ballesteros, el objetivo es evitar la posible pérdida de los Fondos Europeos asociados a esta iniciativa.
Ballesteros explicó que el recurso se formalizará una vez que se reciba la documentación oficial que confirme la desestimación de la prórroga. La solicitud buscaba ampliar el plazo hasta junio de 2025 para la ejecución del contrato, debido a la complejidad del proyecto y los ajustados tiempos disponibles para su implementación.
La edil recordó que otros Ayuntamientos, como el de Gerona, han enfrentado situaciones similares. En esos casos, se permitió conservar los fondos asociados a actuaciones que sí se completaron en plazo, aunque otros proyectos vinculados no se ejecutaron a tiempo. En Burgos, las iniciativas finalizadas incluyen la peatonalización de calles en Gamonal, la adecuación de paradas de autobús accesibles y la construcción de carriles bici.
El Ayuntamiento solicita que, en caso de no admitirse la moratoria para la ZBE, al menos se reconozcan como válidas las inversiones ya ejecutadas y se evite la devolución de los fondos correspondientes. «Si no se admite la prórroga para la Zona de Bajas Emisiones, pedimos que se admita para aquellos fondos que ya se han ejecutado desde hace meses», señaló Ballesteros.
El conjunto de los proyectos financiados con Fondos Europeos asciende a 6,9 millones de euros. Dentro de esta cifra, la Zona de Bajas Emisiones representa una subvención de 2,6 millones de euros (3,5 millones con IVA incluido).
Por su parte, las peatonalizaciones en Gamonal cuentan con 3,9 millones subvencionados (5,2 millones con IVA incluido), y la accesibilidad en paradas de autobús tiene una subvención de 405.000 euros (544.000 euros con IVA incluido).
La portavoz municipal subrayó que el riesgo recae principalmente sobre los fondos vinculados a la ZBE, mientras que otros proyectos, como la Distribución Urbana de Mercancías (DUM), estarán completamente ejecutados antes del 31 de diciembre de 2024.
Ballesteros admitió que el Ayuntamiento era consciente desde el principio de las dificultades para cumplir con los plazos del contrato. «Sabíamos que era complicado llegar a tiempo sin esa prórroga, por eso se solicitó. Tuvimos que empezar de cero y aprobar otra Ordenanza de Movilidad en julio de 2024», explicó.
En las próximas horas, el Ayuntamiento presentará formalmente el recurso contra la decisión provisional del Ministerio, con la esperanza de garantizar la continuidad del proyecto y minimizar el impacto económico para la ciudad.
