El Gobierno licita por 15,5 millones el contrato para conservar 138 kilómetros de carreteras estatales en Burgos
El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar un contrato de conservación y explotación de carreteras del Estado en la provincia de Burgos, con un valor estimado de 15,5 millones de euros (IVA no incluido).
El contrato tendrá una duración inicial de tres años, con la posibilidad de ampliarse dos años más y una prórroga adicional de nueve meses, y contempla actuaciones de mantenimiento, vialidad invernal, atención de accidentes, control de túneles y conservación de instalaciones.
En total, los trabajos afectarán a 138 kilómetros del sector número 4 de la red estatal en Burgos, que incluye los siguientes tramos: N-232, entre Cubo de Bureba (km 480) y Soncillo (km 570), N-629, entre Trespaderne (km 0) y el límite con Cantabria (km 48) y diversos tramos de la N-232A (km 567) y la N-629A (km 42).
Además, el proyecto prevé una rehabilitación del firme en la N-232, entre los kilómetros 566 y 569,7, en el municipio de Valle de Valdebezana, una actuación destinada a mejorar la seguridad y el confort de la circulación.
El Ministerio ha incorporado en los pliegos de licitación criterios ambientales para reducir la huella de carbono y mejorar la eficiencia energética. Las empresas licitadoras deberán incluir en sus ofertas el cálculo de emisiones generadas durante la ejecución del contrato y presentar, en los primeros seis meses, un plan de descarbonización con el objetivo de alcanzar un balance neutro de carbono en cinco años.
Entre las medidas que ya se aplican destacan el autoconsumo eléctrico, el uso de energías renovables para calefacción, el ahorro energético en iluminación y la implantación de vehículos eléctricos en los servicios de mantenimiento.
Según cálculos de la Dirección General de Carreteras, el funcionamiento ordinario y las labores de conservación de la red estatal generan 71.640 toneladas de CO₂ al año, por lo que estas medidas se enmarcan en la estrategia para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente los relativos a la eficiencia energética, la movilidad sostenible y el crecimiento económico.
El contrato forma parte del modelo mixto de servicios y obra, que busca ofrecer un servicio integral de movilidad, garantizar mejores condiciones de seguridad y optimizar los recursos públicos. Este modelo incluye tanto labores rutinarias de mantenimiento como estudios de seguridad vial, seguimiento del estado de las carreteras y actuaciones para mejorar la calidad de la infraestructura.
Con esta licitación, el Gobierno refuerza su compromiso con el mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, asegurando unas condiciones adecuadas de circulación, accesibilidad y sostenibilidad para todos los ciudadanos.
