El PARTIDO CASTELLANO–TIERRA COMUNERA (PCAS–TC) denuncia que la nueva Ley de Publicidad Institucional de la Junta “pretende matar moscas a cañonazos” y amenaza la pluralidad informativa en Castilla y León
micrófonos
El PCAS–TC advierte que la Ley de Publicidad Institucional de la Junta puede provocar el cierres y despidos en una treintena de medios locales y comarcales.
La Ley de Publicidad Institucional impulsada por la Junta pone en riesgo la independencia de los medios y la información de proximidad, según el PCAS–TC.
La Ley de Publicidad Institucional de la Junta de Castilla y León, pretende matar moscas a cañonazos y sin duda nace del desconocimiento y la falta de interés por conocer de los grupos políticos que la apoyan en las Cortes de Castilla y León. La norma aprobada en el pasado junio supone que la publicidad institucional en los medios de comunicación que reciben publicidad por parte de instituciones públicas no pueda superar en su conjunto el 30% de su facturación anual. Con esta medida, a juicio de la formación castellanista, se consigue todo lo contrario a lo perseguido, acabar con pluralidad informativa y la información de proximidad en la comunidad autónoma.
El apoyo económico que ofrece la Junta a infinidad de medios de comunicación, asegura según el PARTIDO CASTELLANO- TIERRA COMUNERA (PCAS-TC), la independencia de muchos de ellos, al no tener que depender de otras aportaciones para poder expresar su línea editorial.
El problema del gasto en propaganda partidista de la Junta, y el control de los medios por parte del Gobierno de la Junta de Castilla y León, no es el gasto realizado en publicidad institucional en pequeños medios de comunicación, si no de las estratosféricas cantidades que año tras año la Junta aporta a la pseudotelevisión autonómica de Castilla y León, en manos privadas de los grupos Promecal y Edigroup, que percibe anualmente más de 23 millones de euros.
La aplicación de esta Ley tendrá efectos en una treintena de medios de comunicación de Castilla y León, con cierres o en el mejor de los casos numerosos despidos en los que pudieran sobrevivir. Atacando a la pluralidad informativa y causando daño a los profesionales de los medios, que verían como se cierra una salida laboral en su rama dentro de la comunidad autonómica repercutiendo en la salida de talento de nuestra comunidad autónoma.
Además, afectaría directamente a la información de proximidad, pues en su mayoría se verían afectados medios que comarcales y locales, territorios a los que los grandes grupos de comunicación suelen prestar una atención marginal.
Cabe recordar que una publicidad institucional bien enfocada, sirve para dar a conocer asuntos del interés para la ciudadanía, con esta Norma, se limitaría el acceso de la población a la posibilidad de conocer aquellos servicios y acontecimientos que la administración tiene que promocionar hacia sus propios administrados. 26 empresas editoras de distintos medios de comunicación de Castilla y León, han optado por acudir al Tribunal Superior de Justicia, solicitando la paralización de la Ley.
El Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León ha manifestado su rotunda disconformidad con la propuesta de modificación de la Ley de Publicidad Institucional. La principal queja radica en la falta consulta previa a los actores clave del sector periodístico, incluyendo al propio Colegio y a los medios de comunicación de la región.
El pasado mes de septiembre, el Consejo Consultivo detalló varias incompatibilidades de la norma, incluida su conflicto con la propia Constitución Española. Desde hace lustros la formación comunera ha apostado por crear un reglamento sobre las publicidad institucional en los medios de comunicación, que asegure un reparto acorde a las audiencias de los diferentes medios, horas de programación y /o difusión y el número de empleados que aportan, en este caso en la comunidad autónoma, que fije anualmente el desembolso destinado para este capítulo, y regule las necesidades y objeto de comunicación, por estos medios, con la ciudadanía.
Por último, la formación comunera, invita a las Cortes de Castilla y León, a la inmediata derogación de la Ley, antes de la disolución del Parlamento Autonómico.
