Ciudadanos propone reforzar la Renta Garantizada de Ciudadanía para afrontar el impacto de la crisis postcovid en Castilla y León

Ciudadanos propone reforzar la Renta Garantizada de Ciudadanía para afrontar el impacto de la crisis postcovid en Castilla y León
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La procuradora por Burgos, Blanca Negrete, coincide con el Consejo de Cuentas en la necesidad de incrementar efectivos y sinergias

El Grupo Parlamentario de Ciudadanos en las Cortes ha defendido la necesidad de reforzar la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) para afrontar el impacto de la crisis derivada de la paralización por el COVID-19 en Castilla y León.

Una prestación blindada en el Estatuto de Autonomía, que – según recoge el Informe de Fiscalización operativa presentado por el presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, en la Cámara autonómica – ha beneficiado a 9.000 familias, 22.000 personas en total, y que entre 2011 y 2015 ha contado con 73 millones de euros de inversión.

«Vemos la necesidad imperiosa de proteger e incluso reforzar la RGC. Reforzarla porque estos datos no contemplan los derivados de las crisis sanitarias tras la pandemia. Una crisis que, como ya he dicho en anteriores ocasiones, se traduce en una crisis sanitaria cuyas dimensiones no podemos atisbar», ha defendido la procuradora de Ciudadanos por Burgos, Blanca Delia Negrete, en su intervención en la Comisión de Economía.

Negrete ha recordado que la sociedad española tardó diez años en recuperarse de la crisis financiera y crediticia de 2008. Diez años para alcanzar de nuevo los 56.000 millones del PIB, diez años para ni siquiera alcanzar la tasa de desempleo de 2008 (del 8,22%) y diez años en los que la deuda pública se ha multiplicado por cinco. «Si estas son las magnitudes de aquella crisis, imaginen las cifras de la ocasionada por la paralización de la actividad durante el confinamiento», ha advertido.

El Grupo Parlamentario de Ciudadanos ha mostrado su conformidad con las recomendaciones presentadas por el Consejo de Cuentas, en la que proponen incrementar el número de efectivos territoriales para coordinar, controlar y mantener el seguimiento, así como implantar un sistema de evaluación de requisitos que permita mediante indicadores objetivos, asegurar el cumplimiento un reparto de recursos efectivo y eficiente.

«Los expedientes deberían resolverse en 3 meses y se están tardando en resolver de media 5 meses. Necesitamos una organización que nos permita adecuar plazos a la urgencia de los ciudadanos necesitan», ha señalado Negrete.

La procuradora ha apostado por actuar desde la administración autonómica «para frenar la curva de la pobreza que azota a todos los castellanos y leoneses en riesgo de exclusión social» y por fomentar que la tramitación y prestación de la Renta Garantizada de Ciudadanía se preste en colaboración «con el ECYL para asegurar la integración laboral de estas personas».

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