De la Rosa exige a la Junta de Castilla y León que distribuya ya entre las entidades locales de la Comunidad los 8,65 millones pendientes de los 17,65 recibidos del Gobierno de España para gasto social

El alcalde de Burgos recuerda que hay miles de trabajadores, profesionales autónomos y personas vulnerables esperando las convocatorias de las líneas de ayudas acordadas en el diálogo social en el mes de marzo por 220 millones y que finalmente se aprobaron por Decreto Ley el pasado 18 de abril por 120 millones de los cuales 70 ya estaban previstos en otros programas

El alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa, ha mantenido esta mañana una reunión telemática con el Secretario General del PSCyL-PSOE, Luis Tudanca, junto a los alcaldes y alcaldesas socialistas de las ciudades de la Comunidad en la que ha trasladado la necesidad de que desde el Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León colabore con los Ayuntamientos para reivindicar a la Junta que asuma sus competencias.

El pasado 22 de abril el alcalde trasladó por escrito a la Consejera de Familia un informe detallado sobre la evolución de los gastos soportados por la Gerencia de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Burgos financiados por el acuerdo marco, y otros extraordinarios ocasionados por la crisis sanitaria del COVID-19, solo en el primer trimestre del año: 1 millón de euros de facturación el servicio de ayuda a domicilio, 125.000 € de facturación del servicio de comida a domicilio, 30.000 € de facturación del servicio de teleasistencia y 300.000 € destinados a las ayudas de urgente necesidad.

Entre otras actuaciones el regidor burgalés exige a la Junta que demuestre sus compromisos con hechos tales como la necesidad de complementar el acuerdo marco de servicios sociales, reforzar la partida correspondiente a las ayudas de urgencia social, los servicios de atención domiciliaria y la tramitación de nuevas retas garantizadas de ciudadanía.

De la Rosa comparte con el resto de alcaldes y con el Secretario autonómico del PSOE que se traslade al Gobierno de España una propuesta para que sean los propios Ayuntamientos quienes reciban directamente parte de los recursos que les transfiere el Gobierno de España a través de los gobiernos autonómicos, como la parte correspondiente del fondo de recuperación estructural anunciado el pasado 2 de mayo