El Gobierno nacional aprueba solamente el 2% de las solicitudes del Ingreso Mínimo Vital en Burgos

De las 3.737 solicitudes presentadas desde el 15 de Junio hasta el 21 de Septiembre de 2020, solo se han resuelto 579, de las cuales 78 han sido aprobadas y 501 denegadas

El Gobierno de España aprobó a finales de Mayo el Ingreso Mínimo Vital, una ayuda pública que iba a solucionar los problemas de las personas más vulnerables que ya está en funcionamiento en la mayoría de las comunidades autónomas. En estos momentos solamente el 2% de las familias burgalesas que han solicitado esta ayuda han obtenido una respuesta favorable.

El senador del Partido Popular por Burgos, Javier Lacalle, ha trasladado que en la provincia de Burgos se han solicitado 3.727 solicitudes. De estas, únicamente se han resuelto en total 579 (el 15,5% del total), de las cuales 78 han sido aprobadas, un 2% por el Gobierno de España, quedando pendiente el 98%. Solo el 13,4% de las solicitudes resueltas han sido positivas para las familias burgalesas.

Lacalle ha explicado que se producen dos escenarios, un «desastre» dentro del bloqueo que se está sucediendo: por un lado un gran retraso para resolver las solicitudes de las familias burgalesas y por otro lado, sobre las que ya se pronuncian, se están denegando para la inmensa mayoría de solicitantes. «Lo que no es normal es que en estos momentos el Ingreso Mínimo Vital que creó el Gobierno socialista del PSOE y Podemos con tanta expectativa el pasado mes de Mayo, la panacea de todas las ayudas, esté en estos momentos bloqueado», aseveraba. Solo 13 familias de cada 100 han recibido una contestación favorable a estas solicitudes de ayuda por parte del Gobierno en la provincia de Burgos.

Desde el Partido Popular de Burgos, denuncian que cuatro meses después de la entrada en vigor de estas ayudas estatales, más de 3.000 familias burgalesas sigan esperando una respuesta a las solicitudes realizadas, así como que la ayuda siga bloqueada en las dependencias de la Administración General del Estado «por la incapacidad gubernamental para dar salida a las peticiones realizadas».

Ante esta situación, los populares abogan por establecer mecanismos que permitan desatascar este problema contratando a más profesionales para poder atender estos expedientes en la Administración General del Estado, o buscando acuerdos con otras administraciones para que estas puedan ayudar en estas gestiones administrativas con la oportuna compensación económica.