Cuatro menores quedan bajo expediente por el último incidente en las piscinas municipales de Burgos

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El Ayuntamiento de Burgos ha abierto un expediente a cuatro menores de entre 11 y 13 años por su presunta relación con el último episodio de contaminación registrado en las piscinas municipales. Los hechos tuvieron lugar el pasado 18 de agosto y, a diferencia de otros casos ocurridos durante el verano, en esta ocasión habría un testigo que presenció lo sucedido.

Según ha explicado la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, una persona que se encontraba en las instalaciones junto a sus hijos habría observado el incidente y posteriormente avisó al personal deportivo. La situación fue comunicada después a la Policía, lo que permitió poner el foco sobre los cuatro menores.

Los niños se encontraban acompañados por un adulto en el momento de los hechos. El Ayuntamiento desconoce por ahora si esa persona tenía relación familiar con alguno de ellos, aunque la alcaldesa ha señalado que también había otros padres en el recinto.

El episodio forma parte de una sucesión de incidentes similares registrados en las piscinas burgalesas durante este verano. Ayala ha cifrado en alrededor de seis los casos producidos en los últimos meses, situaciones que obligan a interrumpir el funcionamiento de las instalaciones afectadas para realizar las correspondientes labores de limpieza y garantizar las condiciones higiénicas para los usuarios.

Ahora será el expediente municipal el que determine si existen pruebas suficientes para atribuir la responsabilidad a los cuatro menores. En caso de que quede acreditada su participación, el reglamento de las instalaciones deportivas municipales contempla diferentes medidas.

Entre las posibles consecuencias figura la prohibición de acceder a instalaciones deportivas municipales durante un periodo que puede alcanzar los cinco años. También se contempla una sanción económica de hasta 3.000 euros y la obligación de hacerse cargo de los daños que se hayan podido ocasionar.

La alcaldesa ha defendido que el Ayuntamiento no quiere restar importancia a este tipo de comportamientos y ha anunciado que el procedimiento seguirá adelante hasta esclarecer lo ocurrido. El objetivo es evitar que estos incidentes se conviertan en una conducta normalizada, dado que además de afectar a las instalaciones obligan a otros usuarios a abandonar las piscinas antes de lo previsto.

El caso del 18 de agosto queda así pendiente de resolución mientras el Consistorio recaba y analiza las pruebas disponibles para determinar la responsabilidad de los cuatro menores.

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