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Desde que el COVID-19 se presentó en nuestras vidas, en la Asociación Española Contra el Cáncer se han dado cuenta de que se iba a generar la mayor emergencia económica, social y laboral en colectivos muy vulnerables como lo es la población con cáncer.

Debido al bajísimo estado de defensas de esta parte de la población, se estima que este es el grupo de mayor riesgo de contagio del virus y donde, en consecuencia, será el grupo donde se situará un escenario de emergencia socioeconómica en un corto espacio de tiempo

Hasta ahora, durante este último mes, su mayor logro ha sido seguir siendo operativos, apoyando con sus psicoóncologos y trabajadores sociales a pacientes y familiares, vía telemática y prestando el mismo número de servicios que antes de la pandemia, bien a través de infocáncer 900 100 036, desde donde derivan el contacto hasta sus sedes en Burgos, Aranda de Duero y Miranda de Ebro y donde dan respuesta a todas las personas que desean contactar con ellos, a través de medios telemáticos como son las videoconsultas individuales y/o grupales, consultas telefónicas o bien con el servicio de apoyo del voluntariado vía telefónica, por videollamada o por chat (charlamos@aecc.es).

Cuando el pasado día 4 de febrero, con motivo del Día Mundial del Cáncer, lanzaron un estudio elaborado por Oliver Wyman sobre “El impacto económico y social del cáncer en España”, en el que ya se hablaba de que el 45% del coste de los tratamientos de la enfermedad son soportados por los enfermos y sus familias, no se hacían a la idea de la situación en la que iban a estar a poco más de dos meses desde entonces.

Tanto Burgos y su provincia no es una excepción en cuanto a ese porcentaje que publicaron en su día, como tampoco es ajena a la situación actual de pandemia que sufren y que también repercute en las necesidades económicas de sus enfermos y familias, aspecto, este último, que antes de esta epidemia daban respuesta a las personas que lo solicitaban.

Ante esta nueva circunstancia, se debe adaptar y realizar un esfuerzo extraordinario para poder dar respuesta a esta situación de emergencia socioeconómico de nuestra provincia, concretamente en esta población de riesgo, no se puede olvidar que habrá familias con cáncer que no podrán hacer frente a los gastos de alquiler, hipoteca, gas o luz, y algunas también tendrán que elegir entre pagar estas facturas, comer o comprar medicación. Cada familia gasta de su bolsillo entre 100 y 300 euros cada mes como consecuencia del diagnóstico de un cáncer, si además, derivado del COVID-19, algún miembro de esta familia se ha visto afectado por un ERE, ERTE o despido, la situación en la que se verán sumidos estará cercana a la exclusión social.

Debido a esta situación urgente y con un esfuerzo tremendo, la Asociación Española Contra el Cáncer, a nivel nacional, ha creado un fondo de ayuda económica para pacientes en situación de vulnerabilidad y que dotarán inicialmente con 3 millones de euros con el llamamiento, también urgente, a la población general y a las empresas, tanto a nivel nacional como provincial y local, para que aporten donaciones al fondo y hacerlo crecer para poder llegar así a todos y cada uno de los problemas que se plantean.

Este fondo de emergencia se pone a disposición de los que más lo van a necesitar puntualmente, con el objetivo de estar, más cerca que nunca y de una manera concreta, con aquellos que pasarán por una situación de mayor vulnerabilidad.

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