Medio centenar de pueblos espera desde 2019 la instalación de los desfibriladores de la Diputación

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Lezcano recuerda que la convocatoria se resolvió en septiembre de ese año y exige diligencia a Pascual, cuya gestión califica de “desastrosa”

Medio centenar de municipios de menos de 20.000 habitantes espera desde el año 2019 la instalación de desfibriladores que aprobó la Diputación en ese ejercicio. El lote se corresponde con la cuarta convocatoria que realizó la Institución provincial con el citado cometido, pero los beneficiarios siguen sin recibir los dispositivos y la formación correspondiente.

El viceportavoz del Grupo Socialista, Javier Lezcano, recuerda que la resolución data de septiembre del citado año y exige “diligencia” al diputado provincial responsable de Modernización Administrativa y Nuevas Tecnologías, Arturo Pascual, para resolver este retraso “injustificable”.

Promover espacios cardioprotegidos

El objetivo de esta convocatoria es proveer a los habitantes del medio rural de espacios cardioprotegidos mediante el suministro y la colocación de desfibriladores externos semiautomáticos, (DESA), en instalaciones públicas. “Es una acción que tiene una gran demanda entre los alcaldes y alcaldesas de la provincia, que ahora asisten con desconcierto a esta paralización”, según indica.

El diputado provincial socialista entiende que el responsable de este “incumplimiento” es Pascual, cuya gestión califica de “desastrosa” y a quien urge el desbloqueo de esta situación. “Sería escandaloso e irresponsable que los ayuntamientos beneficiarios se queden sin los equipos después de una espera de casi dos años”, opina. Recuerda, al mismo tiempo, que “como consecuencia de esta demora, tampoco se han aprobado las correspondientes convocatorias de 2020 y 2021 y los pueblos las demandan”.

En la misma línea, pide al responsable de Nuevas Tecnologías “rigor” en sus promesas, puesto que, “a pesar de sus anunciados proyectos y convenios con la Junta, la realidad es que la mejora de la conectividad en nuestro territorio está llegando de la mano del Gobierno fundamentalmente”.

Según apunta, solo en 2020 el Ejecutivo central aprobó tres millones de euros en ayudas a 92 pueblos burgaleses para la extensión de redes de fibra óptica para internet de 300 megas o más, dentro del Programa de Extensión de Banda Ancha de Nueva Generación, cofinanciado por fondos FEDER. Además, el objetivo del Gobierno es ahora priorizar la ampliación de la cobertura de alta velocidad, de 100 megabytes por segundo, a las zonas rurales y dispersas, en coordinación con las comunidades autónomas.

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