El Juzgado decreta el sobreseimiento provisional de la denuncia de Colinas contra Miravalles por presunta malversación

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ayuntamiento de Roa

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El PSOE de Roa pedirá un informe a Secretaría Municipal para que aclare a quién corresponde el pago del letrado que contrató el regidor

El Juzgado de Instrucción Número 1 de Aranda de Duero ha decretado el sobreseimiento provisional de la denuncia que interpuso el alcalde de Roa, David Colinas, contra la ex alcaldesa y actual portavoz socialista en ese Ayuntamiento, Carmen Miravalles, por un presunto delito de malversación de caudales públicos. Una denuncia que, como subraya la edil, “nunca me fue notificada de forma personal, como ha ocurrido con este auto, al que he tenido acceso a través del registro del Consistorio”.

Los hechos denunciados se remontan al año 2016 cuando, la entonces regidora, contrató a una empresa distintos servicios de consultoría y asesoramiento para el Ayuntamiento.

En el auto de sobreseimiento la jueza considera que “no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa”. Añade que, “a la vista de la documental, dado el tiempo trascurrido y el importe de los servicios cuestionados, siendo tratado el tema en Pleno municipal y no habiendo ninguna prueba de que los servicios eran innecesarios y arbitrarios, constando facturados y fiscalizados”, procede decretar el sobreseimiento provisional de las actuaciones.

La resolución, que fue notificada al ayuntamiento el pasado 20 de diciembre, establece un plazo de tres días en este mismo Juzgado para interponer un recurso de reforma y de cinco para apelar, “con reserva de la actuación administrativa que corresponda”, pero el PSOE de Roa de Duero desconoce las intenciones del alcalde al respecto, aunque entiende que recurrir “supondría un nuevo gasto infundado para las arcas del Ayuntamiento”.

En todo caso, Miravalles adelanta que el Grupo Municipal Socialista solicitará un informe a la Secretaría Municipal para que aclare a quién corresponde el pago de los honorarios del abogado que contrató el regidor para la denuncia, así como el informe que avaló la presentación de la misma.

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