PP y VOX unen fuerzas contra la ELA en la Diputación

La iniciativa conjunta contempla negociar un convenio con la asociación ELACYL e incluir una dotación de 175.000 euros para los presupuestos de 2027, al tiempo que exige al Gobierno de Sánchez dotar de financiación a la Ley ELA.

Los grupos provinciales del Partido Popular y Vox en la Diputación Provincial de Burgos han presentado una proposición conjunta que se debatirá en el pleno ordinario del próximo viernes 23 de octubre. El objetivo de la propuesta es mejorar la atención a las personas afectadas por la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y a sus familias, con especial énfasis en quienes residen en los municipios rurales de la provincia.

Durante la comparecencia de prensa, el portavoz del grupo provincial de Vox, Ángel Luis Martín Rivas, y el diputado provincial del Partido Popular, Jorge Castro Urbiola, explicaron los pormenores de la iniciativa, destinada a mitigar el impacto asistencial de una enfermedad caracterizada por “su curso devastador, progresivo e irreversible”.

La propuesta plantea instar al equipo de Gobierno provincial a iniciar los contactos formales con la Asociación de Esclerosis Lateral Amiotrófica de Castilla y León (ELACYL) para suscribir un convenio de colaboración. Con el fin de definir la cuantía y el alcance del acuerdo, se solicitará a la entidad que elabore una memoria técnica que detalle los servicios necesarios, la estimación de beneficiarios y la distribución territorial de las actuaciones.

Entre las prioridades asistenciales planteadas figuran el facilitamiento del transporte adaptado para acudir a consultas hospitalarias o rehabilitación, el apoyo en atención domiciliaria, los servicios de fisioterapia, logopedia y terapia ocupacional, el acceso a productos de apoyo técnico y la atención psicológica tanto a los enfermos como a sus familiares y cuidadores. Los portavoces han remarcado que “la dispersión geográfica del medio rural burgalés encarece y dificulta el acceso continuo a este tipo de terapias”.

Según han detallado los diputados provinciales, la propuesta contempla la habilitación de una partida presupuestaria de 175.000 euros en las cuentas provinciales del año 2027 para dar respaldo económico al convenio. Como antecedente de cooperación pública con esta entidad, el texto de la moción hace referencia al acuerdo alcanzado en 2025 entre el Ayuntamiento de Burgos y ELACYL, dotado con 20.000 euros.

Martín y Castro han subrayado “el carácter subsidiario y transitorio de esta aportación provincial”. Según han expresado los ponentes, “la Diputación busca dar respuesta inmediata a los afectados dentro de sus competencias sociales”, un área que supera los 40 millones de euros en el conjunto de su presupuesto, “pero sin asumir competencias que corresponden de manera directa a la Administración General del Estado”.

Durante la presentación de la iniciativa, Ángel Martín (VOX) ha hecho énfasis en que la Ley ELA (Ley 3/2024, de 30 de octubre) fue aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados, al tiempo que ha criticado que el Ejecutivo central, liderado por el PSOE, “no haya aportado la financiación específica, suficiente y estable requerida para su desarrollo reglamentario y ejecución”.

Martín Rivas ha sostenido que la falta de aportación estatal provoca que la carga económica recaiga sobre los propios pacientes, sus familias y las administraciones locales y autonómicas. La proposición insta formalmente al Gobierno de España a cumplir la ley y dotar de fondos la norma de forma integral. Asimismo, la Diputación trasladará esta exigencia a la Junta de Castilla y León y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Complementariedad con la cobertura autonómica

En el turno de preguntas, los representantes institucionales han explicado que los fondos del convenio no se entregarán como ayudas económicas directas a particulares, sino que se destinarán a financiar los programas asistenciales integrales gestionados por ELACYL para atender a los pacientes que soliciten apoyo.

De esta manera, se ha precisado que esta medida complementará los recursos que ya otorga la Junta de Castilla y León para personas que cuentan con el grado III+ de dependencia extrema, cobertura que suma actualmente 35 solicitudes registradas en la provincia de Burgos. El convenio provincial se pretende orientar de forma prioritaria a atender a aquellos enfermos que aún no tienen reconocido dicho grado o que requieren apoyos auxiliares en fases previas. Según los datos expuestos, la asociación trabaja actualmente con un entorno aproximado de una veintena de asociados en la provincia, si bien el volumen total de personas afectadas en la demarcación oscila en función de la evolución de la patología.